Un pacto para un crecimiento integrador
El año 1977 evoca cambio, libertad, apertura y concordia. Muchos
españoles son capaces de recordar dónde se encontraban cuando empezó a
gestarse la historia democrática reciente de nuestro país. Otros, por
edad, crecieron mientras ésta se afianzaba o tuvieron ya la fortuna de
nacer en una España moderna y plenamente integrada en Europa. Han pasado
40 años en los que cada generación ha contribuido, en mayor o menor
medida según la época en la que nacieron, a tejer una sociedad más
próspera y abierta. La reciente crisis económica que hemos afrontado y
los problemas que persisten tras ella desdibujan nuestra memoria
colectiva. Es tiempo de recuperarla, de recordar de dónde venimos y de
transmitirles a las generaciones que han de tomar el relevo que es
posible repetir otro periodo de avance y de integración. Para ello es
necesario recuperar la autoestima y la confianza en nuestras propias
capacidades. Lograr un país mejor para todos está en nuestras manos, ya
lo demostramos hace 40 años.
El balance socioeconómico es un claro reflejo de que España es un caso
de éxito. Desde 1977, la renta per cápita de los españoles en términos
reales se ha duplicado, convergiendo desde el 76,1% de la media de la UE
al 92% actual. La incorporación de la mujer al mercado laboral es una
realidad, la población activa femenina ha crecido de un 28% a un 53%. A
su vez, el modelo productivo se ha terciarizado, como en el resto de las
economías avanzadas, concentrando el sector servicios el 75% del empleo
(42% en 1977). Las exportaciones han aumentado de un 13,3% a un 33,1%
del PIB, destacando el papel de las multinacionales españolas líderes a
nivel mundial. La integración al proyecto europeo impulsó la atracción
de inversión extranjera y dotó a nuestra economía de una mayor
estabilidad de precios y de tipos de interés. En conclusión, la economía
española actual es más competitiva y abierta al mundo.
En el plano social, hemos logrado construir el Estado de Bienestar. En educación, el porcentaje
de universitarios ha crecido de un 3,6% a un 28,2% de la población mayor de 16 años. El sistema
sanitario por entonces fragmentado y desigual, se ha transformado en uno público, gratuito
y de cobertura universal. Al mismo tiempo, sucesivas medidas garantizan en la actualidad el nivel
de vida de nuestros pensionistas, especialmente con la creación de las pensiones no contributivas.
Muchos otros han sido los avances sociales que hemos alcanzado gracias a la aparición y el
papel desempeñado por la clase media española.
Tras una larga crisis, España ha recuperado su nivel de riqueza de 2008 y lidera el crecimiento
económico entre los principales países europeos. Sin embargo, la recuperación no es suficiente
para resolver los problemas estructurales que hoy persisten en nuestro país. Al elevado
nivel de paro, especialmente de larga duración y juvenil, de endeudamiento y de economía sumergida,
se une la ineficiencia de nuestro sistema educativo, el aumento de la desigualdad, el envejecimiento
de la población y el deterioro de la calidad institucional. En este entorno se articula un
mundo en plena transformación, más multipolar, multicultural y fragmentado del que existía
cuando España empezó esta andadura democrática.
Por tanto, no solo es el tiempo de hacer memoria, sino también el de preparar el futuro. Éste
puede parecer incierto, pero también está abierto y nos ofrece grandes oportunidades de la mano
de las principales macrotendencias que se vislumbran hacia 2030:
• El desplazamiento del centro de gravedad económico mundial del Atlántico norte a la
zona Asía-Pacífico, vuelve así a su nivel de partida anterior a la Revolución Industrial cuando
India y China representaban más del 50% del PIB mundial, no porque fueran los países más
ricos sino porque Asia concentraba el 60% de la población mundial
• La población mundial seguirá creciendo hasta superar los 8.500 millones de habitantes en
2030, en la que aumentará la proporción de personas mayores de 65 años. De esta manera, la
población en edad de trabajar (entre 15 y 64 años) retrocederá notablemente en China, Japón y la
Unión Europea, especialmente en Alemania, Portugal, Italia y España. La edad media de los europeos
será de 45,1 años, frente a los 33 años de la población mundial (Naciones Unidas, 2017).
• Hasta 2030 se espera que la clase media mundial aumente en 3.000 millones de personas,
más de dos tercios vivirán en los mercados emergentes, principalmente en la zona de Asia-Pací-
fico. Este avance impulsará los niveles educativos y tecnológicos y la capacidad de innovación.
Además, se concentrará principalmente en 40 ciudades con más de 10 millones de habitantes
(23 en la actualidad) donde vivirán 721 millones de personas (250 millones más que en 2014).
Estas ciudades se están configurando como centros de consumo y de toma de decisiones, y
ecosistemas productivos e innovadores que progresivamente modificarán la actual demografía
empresarial. Hasta 2030 surgirán 7.000 nuevas grandes empresas de las que 5.000 estarán en
economías emergentes, 40% en China (Mckinsey Global Institute, 2016).
• El avance de la digitalización de la mano de las tecnologías disruptivas, con más interconexión,
automatización y robotización, está transformando la concepción del empleo tradicional.
El 65% de los niños que están comenzando sus estudios de primaria ocuparán puestos
de trabajo que hoy en día desconocemos (World Economic Forum, 2015). Al igual que los
jóvenes que terminan actualmente sus estudios tendrán que reciclarse y transformarse profesionalmente
entre 10 y 14 veces a lo largo de su vida. A su vez, esta revolución tecnológica está
generando la aparición de nuevos mercados y de modelos de negocio, en los que ya se observa
la transformación de los medios de comunicación, de transporte o de medios de pago
Nuevos
factores geopolíticos que condicionarán el futuro avance de la
globalización, con un
posible riesgo de que se produzcan posturas proteccionistas y
aislacionistas que frenen el crecimiento del comercio mundial. Por otro
lado, la innovación y la mayor conciencia social serán
clave para afrontar la demanda creciente de energía y los retos
medioambientales.
En este contexto, generar un nuevo periodo de crecimiento económico, más
sostenible e
integrador, está en nuestras manos. Si logramos concebir un proyecto
común, inclusivo e ilusionante,
como hicimos hace cuatro décadas, y recuperamos un clima de confianza,
podremos
vertebrarnos y cohesionarnos. Estaremos así en condiciones de solucionar
los problemas que
persisten, preparándonos para el mundo que viene.
El Círculo de Empresarios, en su 40 aniversario, quiere contribuir al
debate de cómo debemos
configurar un proyecto país que genere un tiempo en el que al hacer
memoria nos vuelva a evocar
transformación, progreso y unidad. Para ello, plasmamos de forma
sintetizada los principios
básicos en torno a cuatro ejes a partir de los cuales crear una España
mejor para todos:
- La educación debe adaptarse a los nuevos requerimientos, conocimientos y habilidades que
demandan los ciudadanos, las empresas y las AAPP. Un nuevo entorno socioeconómico en
el que la transformación digital hará que gane relevancia el talento. Los jóvenes deben contar
con la formación y las habilidades de adaptación que les haga sentir ilusión y capacidad para desarrollar
su proyecto vital. Por tanto, para mejorar su calidad y conectarla con el mundo que viene
hay que impulsar la conexión del mundo educativo con el empresarial, poniendo especial atención
en el desarrollo de la Formación Profesional dual, de la formación continua, de habilidades
emprendedoras y en la mayor presencia de las carreras científicas (STEM).
Todo sistema educativo debe diseñarse con una visión a largo plazo, garantizando el principio
de igualdad de oportunidades, que permite generar un crecimiento sostenible e inclusivo.
Asimismo, su calidad y capacidad de innovación están estrechamente vinculadas a la formación,
la motivación y al reconocimiento social del profesorado.
El éxito futuro del sistema educativo, y por tanto de los jóvenes, dependerá de la capacidad
de consenso de los partidos políticos, y de que se tengan en mayor consideración las
mejores prácticas de los países de referencia, la visión de los agentes sociales, especialmente del
profesorado, y del conjunto de la sociedad civil.
- El crecimiento sostenible e inclusivo solo puede lograrse si se alcanza el pleno empleo de calidad.
Es decir, hay que hacer partícipe al mayor número de personas posible de los beneficios
del comercio, de la transformación digital y de la globalización que vivimos. Su consecución no
solo exige reformar el sistema educativo, sino que tiene que basarse también en la defensa de
la economía de mercado y de la figura del empresario. Crecer de forma estable e integradora
requiere un tejido empresarial en el que haya más presencia de medianas y grandes empresas,
que poseen más capacidad de innovar e internacionalizarse, y aportan un empleo más
estable, de más calidad y con mayores salarios.
La
creación y el crecimiento de las empresas, facilitará que la economía
española avance en su
internacionalización, innovación y digitalización para competir en un
entorno económico
global con una nueva gobernanza política, económica, comercial y
medioambiental. Se ha
de crear un ecosistema que potencie la contratación, el papel de las
políticas activas, la formación continua, la creación y el crecimiento
de las empresas, y la atracción de inversión extranjera
y de centros de innovación, poniendo en valor las fortalezas de nuestro
país.
Por tanto, la calidad futura del empleo está condicionada a que se
produzcan nuevos avances
significativos en la productividad y en la competitividad de nuestro
país, para lo que es
esencial adaptar nuestro marco regulatorio y diseñar una política
económica con mayor visión
a largo plazo y más global, poniendo el foco en las mejores prácticas
mundiales y
las macrotendencias que perfilan el mundo que viene. A su vez, las
empresas, como uno
de los actores principales en la generación de riqueza y bienestar,
deben asumir un nuevo rol impulsando
la creación de un nuevo contrato social. Recuperar la confianza y la
cohesión social
es tarea de todos. Por ello, nuestro tejido empresarial ha de apostar
por el crecimiento a largo
plazo, la sostenibilidad medioambiental, una política retributiva
vinculada a la productividad y
la formación para el empleo de nuestros jóvenes.
• El Estado de Bienestar debe adaptarse y responder a la realidad social. España, junto a Europa,
afronta, entre otros retos, el envejecimiento de su población, la mecanización y digitalización
del empleo y de nuestras vidas, y la aparición de nuevas circunstancias sociales y familiares. Al
igual que la educación, su meta debe ser garantizar la igualdad de oportunidades y, con ella,
reducir el riesgo de pobreza y de exclusión social. Es decir, los ciudadanos deben sentir que
nuestro Estado de Bienestar da respuesta y soluciones a dificultades o necesidades sociales, pero
al mismo tiempo siendo responsables en su uso y en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
El nuevo Estado de Bienestar del siglo XXI debe lograr un correcto equilibrio intergeneracional,
apoyando la natalidad y la incorporación de la mujer al mercado laboral, favoreciendo
la formación continua de los trabajadores, manteniendo el acceso a la sanidad y los
servicios sociales, y asegurando la viabilidad del sistema de pensiones. Su sostenibilidad va
ligada a nuestro nivel de endeudamiento público, de competitividad, de empleo y de eficiencia
de las AAPP, entre otros factores. Es vital mejorar la gestión del gasto público y la eficiencia del
sistema fiscal, asegurando el equilibrio presupuestario agregado a lo largo del ciclo económico.
• La competitividad y el bienestar de los países está relacionada con la calidad de su marco
jurídico-institucional, siendo elementos esenciales la vigencia del Estado de Derecho y la seguridad
jurídica. Su ineficiencia genera sobrecostes que recaen sobre el conjunto de la sociedad, lo
que condiciona el dinamismo y el crecimiento económico sostenible e inclusivo. Las instituciones
de calidad incentivan comportamientos eficientes, animan a invertir y a innovar, generan confianza
y afección, fomentan la creación y el crecimiento empresarial, y aumentan la productividad.
La transparencia, la independencia de los órganos reguladores y del poder judicial son los
pilares esenciales en los que se debe asentar la calidad institucional, todo ello sin perjuicio de la
libertad económica que caracteriza a los países con menor nivel de corrupción. Paralelamente,
la mejora de la calidad institucional debe impulsar el protagonismo y la credibilidad de
España en el escenario europeo y global. Tenemos la oportunidad de coliderar el diseño
futuro de la Unión Europea.
España
y las principales economías europeas deben ser capaces de unir
voluntades y esfuerzos
para, con una visión común y generosa, lograr nuevamente replicar una
etapa de progreso ybienestar que corrija los desequilibrios y reduzca
las incertidumbres que todo periodo de transformación
genera. Debemos hacer más conjuntamente, concentrándonos en los grandes
problemas
que persisten en nuestro país, para generar ilusión y afección hacia el
futuro, que haga
pensar a los ciudadanos que el mundo que dejan a sus hijos será mejor
que el suyo y que este
sentimiento sea compartido por ellos.
LA ESPAÑA POSIBLE
Hoy contamos con suficientes fortalezas para lograr construir un crecimiento más sostenible e
integrador. La España de 2017, además de sus ventajas geográficas y culturales y su pertenencia a
la UE, está dotada de talento, de infraestructuras técnicas y de empresas con presencia internacional.
Además, durante la crisis, la sociedad española ha dado muestra de su solidaridad. Todos ellos
elementos clave para retomar el impulso reformista y de cooperación, si queremos resolver
los problemas que nos preocupan a todos.
Si hubiéramos realizado las reformas necesarias en educación, en impulsar el dinamismo y
el crecimiento de nuestro tejido empresarial y en reducir el peso de la economía sumergida, la
fotografía socioeconómica de España hoy sería diferente en términos de empleo, exclusión
social y sostenibilidad del Estado de Bienestar.
1. Mejorar la calidad de nuestro sistema educativo
Impacto sobre el desempleo
Si España hubiera consensuado un pacto educativo con una mayor orientación profesional y adaptación
a los nuevos requerimientos demandados por las empresas, habríamos logrado reducir el
elevado abandono escolar y converger a la media de la UE22 por nivel de estudios. Es decir, entre
los jóvenes de 25 y 34 años habría 1.068.485 graduados más en FP de grado medio.
Esta nueva distribución, aplicando las tasas de actividad y de paro actuales de nuestro país por
segmento educativo, permitiría reducir el nivel de desempleo de los jóvenes entre 25 y 34 años en
un 7,4%. Es decir, una mayor formación se traduce en aumento de la empleabilidad.
Además, si España contara con un sistema educativo más competitivo, mejores políticas activas
de empleo y un mercado de trabajo basado en la flexiseguridad, podríamos haber alcanzado las
tasas de paro promedio de la UE22. De esta manera el número de parados entre 25 y 34 años se
habría reducido en 649.657 personas.
Impacto sobre la exclusión social
A su vez, si España tuviera una distribución de la población entre 25 y 64 años por nivel de
estudios similar a la media de la UE22 y aplicásemos las tasas de riesgo de exclusión existentes
en nuestro país, el número de personas en riesgo de exclusión caería en 831.823 (10,6% del total).
Si aplicásemos (en un segundo escenario) las tasas de riesgo de exclusión en la UE22 para cada
nivel educativo, el número de personas en riesgo de exclusión en España se reduciría en 1.701.653
(21,8% del total).
2. Impulsar la creación y el crecimiento del tejido empresarial español
Si España hubiera diseñado la Ley de Emprendimiento de 2013 tomando como referencia la que
se aprobó en Francia en 2009, actualmente en nuestro país se crearían potencialmente un 50%
más empresas al año, hasta alcanzar las 3.439.979.
En Francia, la Ley del Autoemprendedor creó un marco más flexible en términos burocráticos,
diseñó un régimen social y fiscal simplificado aplicable a las empresas con un volumen de negocio
inferior a 80.000 euros en actividades comerciales y 32.000 euros en el resto de servicios, y garantizó
la protección del patrimonio personal del emprendedor. Todo ello ha generado un incremento
promedio anual del número de empresas creadas de un 70%.
Paralelamente, si España hubiera elevado los umbrales fiscales, laborales y burocráticos que dificultan
el tamaño de las empresas y adoptado medidas para diversificar las fuentes de financiación,
facilitar la atracción de talento y garantizar la unidad de mercado contaríamos con más empresas
de mayor tamaño.
Si hoy tuviéramos el tamaño medio empresarial de Francia, contaríamos con más medianas y
grandes empresas. En concreto, 11.603 medianas y 2.534 grandes más, y el número de empresas
exportadoras aumentaría en 16.6001
. A su vez, el de empresas innovadoras se incrementaría
en 5.1272
.
Este ritmo de creación y crecimiento empresarial generaría aproximadamente 1.100.000 ocupados
más3
, de los que un 48,6% los crearían las medianas y grandes empresas.
Por su parte, la OCDE afirma que, a mayor tamaño empresarial, menor incidencia de la
temporalidad. En concreto, para el caso de España, la temporalidad es un 44% mayor en las
empresas de menos de 20 trabajadores respecto a las medianas (50-249) y grandes (+250).
A este nuevo empleo estructural se une el generado por el crecimiento económico próximo al
3% (500.000 empleos anuales adicionales) hasta alcanzar los 20,1 millones de ocupados. De
esta manera, la tasa de paro retrocedería en 5,9 pp hasta situarse en este nuevo escenario en el
11,6% de la población activa.
Con esta creación de empleo, no solo lograríamos una mayor inclusión, sino también un avance
en el nivel de productividad, riqueza y bienestar de la economía española.
Además del efecto sobre el empleo, este nuevo escenario empresarial impactaría con una aportación
al PIB nominal de 3,5 pp (43.893 millones €), adicionales a los generados por el ciclo
económico. De éstos, un 62% correspondería a un aumento de la masa salarial, lo que permitiría
alcanzar un PIB nominal final de 1,2 billones de euros.
El crecimiento del tamaño empresarial aumentaría la riqueza del país y generaría una huella fiscal
significativa. Teniendo en cuenta que en nuestro país la elasticidad promedio PIB-recaudación es
de 1,54
, España lograría unos ingresos fiscales adicionales de 22.155 millones de euros (1,8%
del PIB). De éstos, 8.125 millones de euros corresponden a ingresos por cotizaciones a la Seguridad
Social. Paralelamente, la reducción de la tasa de paro llevaría aparejada un ahorro de 6.096
millones de euros en gasto por desempleo.
Como consecuencia del crecimiento económico, del ahorro en política de gastos y la mejora de
la recaudación, España saldría del protocolo de déficit excesivo, alcanzando un saldo presupuestario
total (unido al plan de estabilidad presupuestaria de 2017) del -0,76% del PIB y un
superávit primario del 1,76% (en línea con la recomendación de la OCDE de mantener un
superávit primario continuado de al menos el 1% para acelerar el ritmo de consolidación fiscal y
la reducción de los niveles de deuda pública).
3. Reducir el peso de la economía sumergida
Nuestro país debe avanzar en la reducción del peso de la economía sumergida (17,2% del
PIB) por sus efectos negativos sobre la capacidad de recaudación y financiación del Estado de
Bienestar. Si España hubiera adoptado medidas para fomentar la corresponsabilidad tributaria
de los ciudadanos, intensificado la lucha contra las bolsas de fraude o generalizado el pago
electrónico, el nivel de nuestra economía sumergida podría ser actualmente del 11,6% (media
economías avanzadas con menor economía sumergida que España). De esta manera, el PIB
nominal aumentaría en 64.960 millones de euros.
Los países con menos economía sumergida presentan tasas medias de paro menores. En
concreto, entre 2000 y 2016 la tasa de paro promedio en los países con menor economía sumergida
que España5
fue del 6,4% frente a un 16,4% en nuestro país. Asimismo, se observa que su peso
es menor en aquellas economías que cuentan con una mayor calidad institucional y un marco
regulatorio simple y estable, que favorece el desarrollo de la iniciativa privada.
En términos fiscales, el menor peso de la economía sumergida supondría unos ingresos públicos
adicionales de 24.879 millones de euros6 que, junto a los generados por la nueva estructura
empresarial, permitirían alcanzar un superávit fiscal del 1,24% del PIB con consecuencias positivas
sobre la sostenibilidad de la deuda y del Estado del Bienestar.
Asimismo, el impacto sobre el empleo sería equivalente a 1,07 millones de ocupados más y 7.688
millones en concepto de ingresos adicionales por cotizaciones a la Seguridad Social.
ESPAÑA 2030: UN PAÍS MEJOR PARA TODOS
En España, el paro es el principal factor que genera desigualdad, y explica un 80% de la varianza
del Índice de Gini de rentas7 (BBVA Research, 2017). Garantizar un empleo de calidad y generar
un crecimiento económico más inclusivo exige hacer una apuesta decidida por la educación,
la creación y el crecimiento de nuestras empresas, y reducir el peso de la economía sumergida.
En síntesis, la combinación de estas reformas lograría situar el PIB per cápita en 27.373 euros.
A su vez, se generarían unos ingresos fiscales adicionales de 47.034 millones de euros que
permitirían, manteniendo el nivel de gasto discrecional y deuda constante, alcanzar un superávit
presupuestario que contribuiría a la sostenibilidad del Estado del Bienestar y una mayor
inclusión social:
graficos en pdf adjunto
Este
nuevo escenario fiscal garantizaría la sostenibilidad del Estado de
Bienestar, que representa
una parte del patrimonio común que debemos preservar entre todos. No
sólo constituye un
pilar básico de la protección social, sino que también tiene como misión
asegurar el equilibrio
intergeneracional.
Resolver los problemas que persisten en España y preparar el futuro,
requiere apoyarnos en la
memoria, en los avances conseguidos y en nuestras fortalezas. Construir
un país mejor para
todos exige volver a hacer más conjuntamente, alcanzando acuerdos y
recuperando la confianza
en nuestras capacidades. Es tiempo de dialogar, de superar diferencias y
consensuar las reformas que permitan lograr un crecimiento más
sostenible e integrador. Pero también, es tiempo de
adaptar nuestro país al mundo que viene, apostando por la
competitividad, por el talento y por
reforzar nuestro protagonismo en el futuro proyecto europeo.
Si volvemos a recorrer el camino juntos, la España de 2030 puede ser el
reflejo de un proyecto
común ilusionante. Tomar nuevamente como referencia el consenso, la
cooperación, la solidaridad,
el cambio y la apertura nos permitirá alcanzar otro balance
socioeconómico de éxito. Así, al
mirar atrás, lo haremos con la certeza de que hemos generado otro
periodo de modernización,
progreso y cohesión social conjuntamente.
Graficos en:
- http://circulodeempresarios.org/app/uploads/2017/09/Un-pacto-para-un-crecimiento-integrador-espa%C3%B1a-2030-Circulo-de-Empresarios.pdf
