dimarts, 12 de febrer del 2019

Balances y expectativas de los ODS para la acción empresarial


Balances y expectativas de los

ODS para la acción empresarial




Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han presentado como una oportunidad única, tanto para responder mejor a las cambiantes expectativas y aspiraciones de las sociedades en las que vivimos, como para desarrollar estrategias y modelos de negocio innovadores y adaptados a un mundo en profunda transformación.
Tras cerca de dos años tras su aprobación, son ya varios los estudios que exploran su grado de avance, desde el Ranking anual de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Jeffrey Sachs, donde se analizan los progresos por países, hasta encuestas como la de GlobeScan/Sustainability, orientada a la opinión de los profesionales sobre las barreras para el avance en los ODS o desde un enfoque más práctico, los diversos catálogos de buenas prácticas de alianzas para su consecución. En este artículo queremos acercarnos a las posibilidades realistas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la acción empresarial.

Pero  ¿Por qué surgen? ¿Qué novedades aportan? ¿Cuál es el papel de las empresas? ¿Qué se necesita para avanzar?
El 27 de septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS que pretende ser una guia voluntaria de 17 objetivos con 169 metas, para la acción coordinada de gobiernos, empresas y sociedad civil  para lograr mejoras en el desarrollo sostenible de todos los países, desarrollados y en vías de desarrollo.
El recorrido desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030,  viene marcado por un cambio radical en las premisas del desarrollo y en la agenda del desarrollo:
  • de un mundo en el que el motor del desarrollo era el crecimiento económico a uno en el que el desarrollo está condicionado por la sostenibilidad
  • de un mundo de divisiones Norte-Sur a un mundo más heterogéneo, a nivel político, social y de riqueza y desigualdad
  • de un mundo con mayor activismo social, a través de una ciudadanía crecientemente organizada, mayoritariamente concentrada en zonas Rurales y que desea participar y tener mayor acceso a las decisiones públicas.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron el fruto de un trabajo de arriba abajo, y aunque tuvieron éxito combatiendo la pobreza extrema y sirvieron para coordinar los esfuerzos de la sociedad internacional en torno a unos objetivos de desarrollo únicos, tenían dos importantes carencias: muchos temas no fueron abordados y además el proceso de desarrollo fue asimétrico, sin participación social.
Los ODS, en un contexto radicalmente distinto, pretendieron paliar estas carencias, mediante un proceso participativo, con multiples grupos de trabajo, que se materializó en un catálogo de 17 objetivos con nada menos que 169 metas.
Esta metodología de trabajo ha condicionado el listado de los objetivos y metas y va a ser determinante para la metodología de trabajo posterior.
  • En primer lugar el coste

Como puso de manifiesto Tony Vives en esta misma tribuna, citando un artículo de The Economist   del 28 de marzo de (The 169 commandments: The proposed sustainable development goals would be worse than useless) son “imposiblemente caros.  Se requiere dedicar entre US$2 y US$3 millones de millones al año sobre 15 años, que representan el 4% del PIB, cuando ahora la promesa de los países desarrollados para contribuir al desarrollo es del 0,7% de su PIB y que en la realidad no llega al 0.25%.”
El periódico Financial Times en un artículo del 23 de septiembre del 2015 (Poverty: Vulnerable to change) dice:
“Los números son apabullantes.  Para eliminar la pobreza extrema” el mundo necesita ayudar a 7.500 personas a subir la escalera económica cada hora durante los próximos 15 años, de acuerdo a un cálculo. O puesto de otra manera 181.729 personas diarias.”
Sólo para crear capacidades estadísiticas, según Naciones Unidas, se precisa  1 billón de dólares anuales para que 77 países con rentas más bajas se pongan al nivel de sistemas estadísticos para medir los ODS. Los donantes deben mantener sus actuales contribuciones estadísiticas, de aproximadamente 300 millones de dólares al año, e incluso llegar a 100-200 millones de dólares más en Asistencia Oficial al Desarrollo para apoyar estos esfuerzos de otros países.

  • En el lenguaje, y la definición de los objetivos

Como magistralmente puso de manifesto Tony Vives, el lenguaje empleado compromete seriamente el cumplimiento de estos objetivos y puede crear unas falsas expectativas sobre los ODS.
El proceso inclusivo y de consenso que marcó los ODS, ha dado como resultado un catálogo amplio pero poco realista.
Un estudio del Overseas Development Institute,demuestra que solamente tres de los 17 ODS se encontrarían en vías de alcanzarse haciendo las cosas como hasta ahora, otros nueve no serían alcanzables si la comunidad internacional no realiza un esfuerzo de transferencia de recursos y cinco que ni siquiera los países desarrollados están cerca o en la buena dirección para lograr un desarrollo sostenible y mínimamente inclusivo.
El lenguaje condiciona el cumplimiento como puede verse en este gráfico:


Pero ofrece la alternativa siempre interesante de la flexibilidad, de margen para la actuación. Y esto en un contexto de multiples actores, es necesario y puede verse como una oportunidad.
Junto a las anteriores críticas, siguen faltando indicadores de medición y datos estadísticos.

 ¿Cúal es en este contexto el papel del sector privado? ¿Por qué son necesarias las empresas en el logro de los ODS?


Existe una relación directa entre los ODS y el ámbito empresarial.
-El logro de los ODS depende de la implicación del sector privado por la necesidad de escala,
-por la necesidad de cambios en el modelo de producción y de consumo,
-y por la necesidad de innovación,
y para ello es imprescindible las alianzas con otros actores.

¿Existen incentivos para las empresas?
Pero, además, el futuro de las empresas también depende de los ODS. Si se reduce la desigualdad (ODS 10), los conflictos (ODS 16), se lucha contra la corrupción (ODS 8) y se frena el desarrollo ambiental (ODS 15), se creará un contexto más favorable para los negocios.
El alineamiento y anticipación a los cambios -grandes flujos financieros, futuras políticas públicas o necesidades sociales emergentes-, la innovación y las nuevas formas de hacer negocios, (y por este orden) y el compromiso interno y la reputación -de cara a cumplir con las expectativas de los grupos de interés internos y externos- son oportunidades para las empresas que sirven como incentivos para afrontar la transformación hacia la sostenibilidad.
Junto a ello, las tan publicitadas oportunidades económicas. Comisión de Comercio y Desarrollo Sustentable presentó en Davos el Informe “Mejores Negocios. Un mundo mejor” donde destaca que los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden generar USD 12 billones en oportunidades de mercado en cuatro sistemas económicos (alimentos y agricultura, ciudades, energía y materiales, y salud y bienestar) que representan el 60% de la economía real. Además, una oportunidad única de generar aproximadamente 380 millones de empleos nuevos.
Así, son ya numerosos los estudios que han abordado el “argumento empresarial de los ODS” y las oportunidades de Mercado  relacionadas con el logro de los Objetivos Globales.
Pero lo que más nos interesa mencionar aquí son las estrategias para idear iniciativas empresariales en el logro de los ODS.
  1. En primer lugar, entender las oportunidades de mercado de los ODS para cada sector empresarial.
2. En segundo lugar, dos tópicos. Las acciones en ODS necesitan un liderazgo real desde niveles superiores para inspirar un compromiso entre todos los miembros de la empresa y sirvan para generar una estrategia correcta en la empresa. El otro tópico es incorporar los Objetivos Globales en la estrategia de la empresa. Eso significa aplicar la perspectiva de los Objetivos Globales a todos los aspectos de la estrategia: no solo a través del compromiso de la alta dirección y la constitución de equipos para impulsar su ejecución, sino también dirigir la planificación estratégica y la innovación a soluciones sostenibles.
  1. Colaborar con pares del sector. Los llaneros solitaries no bastan para liderar los cambios que exigen los ODS. Todo el sector debe movilizarse.
 Para pasar de la transición a la disrupción, precisamos una modificacion profunda de los sistemas y estructuras convencionales. Los esquemas darwinianos de competencia y selección natural y de adaptación al cambio, de mutación, no sirven. Se quedan cortos.
De ahí que la lógica de la economía colaborativa en el sentido del bien común se esté imponiendo a la lógica del capital, y de la competencia como Sistema de funcionamiento de los sistemas socieconomicos.La coopeación a  largo plazo es la base de la creación de sistemas más complejos, diversos y resilientes, sistemas en definitive, con mayor probabilidd de éxito.
Lo que le está faltando a los ODS es la creación de las condiciones para favorecer los comportamientos y los valores que favorezcan las alianzas: LA GOBERNANZA.
  1. Trabajar con los encargados de formular políticas para pagar el verdadero costo de los recursos naturales y humanos. Y el esfuerzo en la recopilaicón de datos debe pasar por ahí. La competencia sostenible depende de que todos los competidores estipulen precios que reflejen el costo verdadero de la forma en que llevan a cabo operaciones, internalizando las externalidades, para expresarlo en términos técnicos. Ya sea en el establecimiento del verdadero precio del carbono, como en otros recursos medioambientales, como el agua.

Los líderes empresariales deben trabajar abiertamente con los organismos reguladores, las empresas y la sociedad civil, para dar forma a las políticas fiscales y normativas que creen un campo de juego igualitario de conformidad con los Objetivos Globales.
Del mismo modo, cuando las empresas comiencen a pagar precios que reflejen las externalidades sociales y ambientales, su desempeño financiero será la principal señal de que los inversores deben comprender el rendimiento relativo de las empresas respecto de los Objetivos Globales.
5. Avanzar en sistemas de medición. ¿Cómo medir los avances de los ODS?
Mientras el Comité Estadístico de Naciones Unidas perfila los indicadores oficiales y definitivos que medirán el cumplimiento de los ODS, es importante que los países comiencen ya la puesta en marcha de la agenda contando con datos relevantes, tarea que algunos países ya han comenzado.
También es importante que estos datos estén accesibles y sean comprensibles, no solo para los expertos sino también para los funcionarios gubernamentales, las empresas y la sociedad civil. Por ello, iniciativas como la SDSN y REDS están trabajando ya en herramientas  para ayudar a orientar las políticas nacionales y las estrategias a largo plazo que lleven a un desarrollo sostenible.
6.La Alineación con las agendas de desarrollo nacionales. El objetivo primordial de los ODS es contribuir al desarrollo y esta dimension ha de planear de forma prioritaria sobre las estrategias conjuntas de empresas, comunidades locales y autoridades. El conocimiento de los objetivos de desarrollo nacionales ha de orientar a las empresas en la toma de decisiones y la priorización de acciones en materia de ODS.
7.El Intercambio de buenas prácticas. Cada vez están surgiendo más plataformas de intercambio de buenas prácticas, tanto a nivel de iniciativas de éxito como de fracasos.
Los ODS como señaló Ban-Ki-Moon en su informe de síntesis para la preparación de los ODS – son la antesala de una gran transformación. Y como tal desafío han de ser vividos por las empresas.
La confianza en los negocios se ha erosionado de tal forma desde la crisis financiera global que el tejido social se está desgastando. Muchos consideran que las empresas faltan a su palabra con respecto al contrato social. Los líderes empresariales pueden contribuir a ganarse la confianza de la sociedad y garantizar su licencia para operar, trabajando con los gobiernos, los consumidores, los trabajadores y la sociedad civil, a fin de lograr el espectro completo de Objetivos Globales y adoptar un activismo responsable y de política abierta, transparente y sostenible. Porque el futuro de los negocios es sostenible o no será.
 https://www.agorarsc.org/balances-y-expectativas-de-los-ods-para-la-accion-empresarial/

 

El tiempo de las inversiones sostenibles

El tiempo de las inversiones sostenibles

Viramos hacia una economía baja en carbono. Es una cuestión de supervivencia. Urge dejar de extraer la mitad de las reservas de gas, carbón y petróleo que yacen bajo tierra. La estrategia es la desinversión en activos relacionados con combustibles fósiles.

Ilustración

inversiones sostenibles
¿Qué tienen en común la Fundación Rockefeller, la aseguradora AXA y el Fondo de Pensiones Noruego, uno de los mayores del mundo? Que los tres se han comprometido a desinvertir sus acciones, bonos o activos en fondos de inversión, bancos y empresas que inviertan en combustibles fósiles.
No son los únicos. Hasta la fecha ya hay alrededor de 1.000 instituciones comprometidas con una desinversión de activos por valor de más de 7.000 millones de dólares y casi 60.000 individuos dispuestos a desinvertir 5.200 millones de dólares (6.000 y 4.500 millones de euros, respectivamente), según la organización Go Fossil Free.
Las desinversiones fósiles (dejar de invertir en empresas relacionadas con este tipo de combustibles para hacerlo en aquellas orientadas a una economía baja en carbono) son la estrategia más efectiva para alcanzar el objetivo de no superar un aumento de 1,5 grados de la temperatura global de la Tierra, estipulado por el Acuerdo de París, el mayor tratado vinculante firmado hasta la fecha sobre cambio climático, y ratificado por 197 países.
En este cambio de estrategia, las inversiones sostenibles y responsables (ISR) se consolidan como una herramienta clave. ¿El motivo? Por un lado, el aumento de «la convicción, gracias al cúmulo de evidencias empíricas que conectan la sostenibilidad con la creación de valor». Por otro, «la madurez de la industria», afirma Jaime Silos, presidente de Spainsif. Y es que, hoy por hoy, «la información, el análisis y las herramientas para integrar los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) a la gestión de carteras es tremendamente amplia y cada vez más asequible», añade.
Según el estudio de Spainsif La inversión sostenible y responsable en España 2018, entre 2015 y 2017 se ha registrado una tasa de crecimiento en las estrategias de ISR más avanzadas, como Best-in-class (250%) o la integración de criterios ASG (97%), algo que señala la madurez del mercado español en este tipo de activos financieros. De hecho, el último criterio es ya referencia para bonos sostenibles a nivel mundial. Como explica Gonzalo Gómez, subdirector general de Bolsas y Mercados Españoles (BME) Renta Fija, si vemos el desglose de las cifras de 2017 por jurisdicciones (desde dónde se han emitido los bonos y quiénes ha sido los principales emisores), «España ocupa un quinto lugar en la clasificación mundial, con 5.600 millones de euros, por encima de otros países con economías de tamaño mayor que la nuestra». Estados Unidos y China son las dos principales potencias emisoras, con cerca del 42% del total emitido.
Estados Unidos y China son las dos principales emisoras de bonos sostenibles, con cerca del 42% del total emitido
El crecimiento que ha tenido el mercado de las ISR en los últimos años se debe a «un movimiento de concienciación de los mercados financieros emisores, inversores, reguladores y bolsas hacia todo lo relacionado con la sostenibilidad de la economía, el medio ambiente y la erradicación de la desigualdad social», añade Gómez. En el caso de España, las ISR se encuentran en un punto de inflexión en el que la tasa de crecimiento se consolida y las previsiones de futuro son prometedoras. «La altísima bancarización del sistema financiero español permite augurar un importante crecimiento de los nuevos mecanismos de financiación alternativa relacionada con la sostenibilidad», señala Manuel Gómez, presidente de Avangreen, consultora de soluciones energéticas.
Cada vez con más frecuencia, la gestión responsable de los activos considera aspectos como el cuidado y conservación del medio ambiente, la transparencia, la igualdad de género o la reducción de las desigualdades. Las empresas deben contar con ciertos valores éticos para resultar atractivas, sin olvidar nunca la rentabilidad financiera. Pero hoy queda camino por recorrer, ya que la mayoría de las ISR que se comercializan en España todavía desarrollan estrategias basadas en criterios de exclusión, como armamento, energía nuclear o explotación infantil, tal y como se desprende del estudio de Spainsif.

Hacia una economía baja en carbono

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU suponen la medida internacional más destacada para fomentar el desarrollo de políticas sociales y medioambientales ligadas a una economía baja en carbono. Tanto es así que ya empiezan a aparecer en el mercado productos financieros íntimamente ligados a los ODS.
Empiezan a aparecer en el mercado productos financieros íntimamente ligados a los ODS
El Fondo Bankia Futuro Sostenible, un ambicioso producto basado en un ideario ético anclado a los ODS, pretende cumplir ocho de ellos: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, reducción de las desigualdades y acción por el clima. «El objetivo de este fondo es invertir en empresas, activos o fondos que tengan intención de conseguir esta mejora o que su esencia vaya en esta dirección», afirma Juan Pablo Hernández, director Comercial de Bankia Asset Management.
Lo característico de este producto financiero es que «es un fondo con inversión de impacto de última generación que busca la rentabilidad financiera, no solo a través de la gestión de requisitos ASG, sino dentro de un universo que cumpla con nuestro ideario y contribuya al alcance esos ocho ODS», añade Hernández.
Las inversiones de impacto son la versión más sofisticada de la inversión responsable. En sentido más amplio, las inversiones responsables ponen el foco en compañías y actividades que se ajusten a unos determinados estándares sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo. «La inversión de impacto, sin embargo, pone el foco en la actividad específica que financia y le exige unos resultados sociales o ambientales determinados», explica el presidente de Spainsif.
Algo que obliga a marcarse «objetivos más ambiciosos, implementando una serie de criterios, rating y medidas que hagan que el inversor se dé cuenta de que ir por este camino es la tendencia del futuro», como apunta Hernández de Bankia.
Pero se trata, además, del riesgo que empiezan a plantear estrategias e inversiones que no vayan en esta línea. «Muchos inversores empiezan a apreciar riesgos a largo plazo en carteras de inversión intensivas en carbono y la necesaria transición hacia una economía de baja intensidad en carbono les plantea nuevas oportunidades de inversión», afirma el presidente de Avangreen. Solo en la Unión Europea, la Comisión ha estimado que serán necesarias inversiones anuales adicionales por valor de 190.000 millones de euros para cumplir con los compromisos en materia de descarbonización. Manuel Gómez culmina con una invitación al optimismo: «El binomio riesgo y rentabilidad parece soplar a favor de las inversiones sostenibles».
https://ethic.es/2019/02/inversiones-sostenibles/?fbclid=IwAR31EUZV_LdPklmgp9OG8SctM5wDsGn5_IMVTXHnkmWNvoTCUhpOCa3FpuM

dimecres, 6 de febrer del 2019

La revolución silenciosa de las cooperativas que comercializan electricidad renovable en España

La revolución silenciosa de las cooperativas que comercializan electricidad renovable en España




Desde hace unos pocos años las llamadas ‘cooperativas de renovables’ están proliferando por todo el territorio español y lo están haciendo sin apenas hacer ruido. No todas son nuevas, algunas datan de principios del siglo XX cuando las redes eléctricas no llegaba a comarcas con una orografía complicada, pero otras tan solo tienen uno o dos años de vida.
“Las que van a cumplir o han cumplido ya un siglo se trata de cooperativas que provienen de distribuidoras de energía eléctrica de antes de la liberalización y se han transformado para suministrar directamente”, dice Alfonso García, de la cooperativa GoiEner y presidente de la recién constituida Unión Renovables, “éstas no tienen como objetivo crecer exponencialmente ni lo van a hacer, porque fueron creadas para determinadas comunidades o pueblos, pero las recientes buscan otro objetivo, el de ofrecer una alternativa y un nuevo modelo energético a los consumidores, y además son muy proactivas en la búsqueda de nuevos socios y clientes”.
La lista es cada vez más larga. La pionera es Som Energia, que se constituyó en Gerona, Cataluña, en 2010, como un proyecto de participación ciudadana para cambiar el modelo energético. Al año inició la actividad de comercialización de electricidad certificada 100% renovable y sus primeros proyectos renovables de generación. Ocho años después cuenta con unos 50.000 socios (en 2017 eran 30.000) y más de 80.000 contratos de luz además de ser propietaria de más de una decena de plantas de generación de energía renovable (fotovoltaica, biogás y centrales hidroeléctricas) financiadas por los socios, o en proceso de financiación.
Le sigue Goiener, una cooperativa vasca que en 2012 surgió de la idea de 30 personas de una agencia de desarrollo comercial de Goierri (Guipúzcoa). Solo seis años después, ya son más de 10.000 socios (a principios de 2018 eran unos 7.600) que consumen energía 100% renovable y la suministran a ayuntamientos, pymes, asociaciones y consumidores de toda España, pero sobre todo de País Vasco y Navarra.
Precisamente esta cooperativa ha servido de palanca para movilizar otras tantas en diferentes puntos de nuestra geografía.
En Castilla-La Mancha surge en 2014 Econactiva que en solo dos años ya ha conseguido 200 socios y abastecer a unos 150 hogares. En Castilla y León Megara Energía, una cooperativa promovida por Caja Rural de Soria y El Hueco, que en 2015 inicia su actividad con 50 socios fundadores y tres años después ya son 290 cooperativistas y más de 550 contratos; y también EnergÉtica coop., que en ese mismo año la constituyen 75 personas. En este último caso, su ascenso ha sido meteórico. Ya han conseguido casi 1.250 cooperativistas y más de 1.500 contratos.
En el norte de España, además de Goiener, también han surgido otras iniciativas. Es el caso de Nosa Enerxia, en Galicia, que en 2016 se presentaba en sociedad con 167 socios, y dos años después ya son más de 500. También en Navarra tienen la suya, E+P Cooperativa o Emasp. Surgió hace tres años de una empresa que quería reducir los elevados gastos que soportaban los centros residenciales. No tienen datos públicos sobre su crecimiento.
Y la más bisoña de todas es la de Cantabria. Se llama Solabria y se constituyó como comercializadora en 2017, pero debe de ser muy activa porque en muy pocos meses ya han alcanzado los 216 cooperativistas.
Los madrileños también tienen una cooperativa de estas características. Se trata de La Corriente Coop, que se creó en 2015 a partir de un grupo de personas de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, inspirados en las cooperativas predecesoras de las otras regiones. Su contrato de suministro eléctrico más importante (y socio) es el del Mercado de San Fernando, pero ya son más de 100 entre pymes y hogares.
Por último, en Murcia la cooperativa que surgió en 2016 es La Solar, con 121 socios, y que, según datos de enero de 2019, han aumentado hasta los 140 socios y casi 900 contratos eléctricos, y en Andalucía, la cooperativa Zencer, que surgió en 2013 Fuengirola (Málaga) con tres socios y tiene ya más de 1.500. Aparte de sus socios, ha firmado convenios con ayuntamientos como Motril (Granada) o Montalbán (Córdoba) y esperan continuar con este modelo de crecimiento.
Estas cooperativas sin ánimo de lucro no han surgido de manera espontánea. Se han fijado en modelos existentes en otros países europeos pero sus inicios no han sido nada fáciles. Muchas de ellas han tenido que acudir a sistemas de crowdfunding para conseguir el monto necesario para tramitar la licencia de comercialización. Compran electricidad en el mercado de manera directa y entre sus objetivos está hacer del consumo eléctrico un consumo responsable.
Tampoco les ha resultado sencillo crecer, pero su modus operandi es el boca a boca y las charlas, jornadas o reuniones que realizan los socios de manera altruista a lo ancho y largo del país.
Ahora se han organizado bajo el paraguas de Unión Renovables, la unión de cooperativas de personas consumidoras y usuarias de energías renovables que agrupa a 19 cooperativas de ámbito municipal/regional, entre las centenarias (que principalemente se concentran en la Comunidad Valenciana) y las recién nacidas, y suman más de 85.000 personas socias.

dilluns, 4 de febrer del 2019

L'economia social i solidària en el segle XXI: un concepte en evolució. Cooperatives, B corporations i economia del bé comú

L'economia social i solidària en el segle XXI: un concepte en evolució. Cooperatives, B corporations i economia del bé comú
Resum
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Totes les formes d'organització social que han existit al llarg de la història de la humanitat han satisfet les necessitats de les persones que hi formaven part de diferent manera. És a dir, han donat resposta a les tres qüestions essencials que es planteja la ciència econòmica: «què s'ha de produir?» «com s'ha de produir?» i «per a qui s'ha de produir?». L'únic tret, però, que han compartit les diferents formes d'organització social és que la unitat bàsica de producció dels béns i serveis és l'empresa. Per tant la manera en què es prenen les decisions dintre de les empreses, el joc de poder que determina quins interessos es prioritzen en cada moment, resulta clau per a entendre com es dona resposta a aquestes tres qüestions abans esmentades. Quan es planteja la necessitat d'un canvi cap a una economia que posi les persones en primer lloc, el que ens hauríem de plantejar és si hi ha una altra manera de fer empresa. Per això, en aquest article, es fa una revisió a les formes empresarials anomenades crítiques, que es basen en el qüestionament del principi capitalista segons el qual el principal objectiu de les empreses ha de ser generar com més diners millor. Revisarem i compararem què són i com sorgeixen aquestes formes empresarials crítiques: des de les cooperatives, passant per les societats laborals, les B Corp i l'economia del bé comú.
economia social i solidària;  cooperatives;  societats laborals;  B Corp;  economia del bé comú; 
Abstract
All forms of social organization that have existed throughout human history have satisfied human needs in diferent ways. That is, they have given different answers to the three basic questions considered by Economics: "what to produce?", "how to produce it?" and "for whom to produce it?" The only trait that all forms of social organization have in common is their consideration of enterprises as the basic unit of production for goods and services.

Therefore, the way decisions are made in firms – the power game forever determining which interests are given priority over others – is key to understanding how the three above-mentioned questions are resolved. As such, faced with various proposals calling for an enconomy that prioritizes people over capital, we need to consider alternative ways in which business can operate.

In light of the above, this paper reviews the wide range of business models that criticize or question the principal of investor-owned firms, ie organizations whose main goal is not to make a profit whatever the cost. The paper provides an overview and comparison detailing the origins of such business models, which include co-operatives, labour-managed firms, B Corps, and Economy for the common good.
social and solidarity economy;  co-operatives;  labour-managed firms;  B Corp;  Economy for the common good; 
Introducció
El concepte d'economia social neix a l'Anglaterra del segle xix. És la resposta que els obrers de la indústria tèxtil donen a les seves condicions de vida pèssimes. Les primeres manifestacions de l'economia social es donen a Rochdale el 1844, on els coneguts com a «Pioners de Rochdale» formaren una cooperativa de consumidors que els permetia abastir-se de queviures i parament de la llar a uns preus significativament inferiors als del mercat. Per tant, es tracta d'una resposta col·lectiva articulada des de la societat civil per a donar solució als problemes reals de la societat civil. Es tractava del plantejament d'un model econòmic alternatiu a l'economia capitalista i a l'economia marxista.
Més endavant, en el anys seixanta del segle xx, a l'Estat espanyol comença a gestar-se el model de les societats laborals. Aquest model d'empresa, que implica una forma jurídica que combina la lògica cooperativista amb la lògica d'una societat capitalista, es va desenvolupar de manera considerable durant els anys setanta i va arribar a tenir, per primera vegada, reconeixement legal amb la Llei de societats anònimes laborals de 25 d'abril de 1986 i posteriorment amb la Llei de societats laborals de 24 de març de 1997.
La realitat de les empreses socials és més recent. Aquestes no tenen una forma jurídica determinada, sinó que per ser classificades com a tal han de ser organitzacions els objectius de les quals tinguin una naturalesa doble: d'una banda economicofinancera i de l'altra banda social. Les empreses socials són molt nombroses i estan molt desenvolupades als països anglosaxons i al nord i al centre d'Europa. Les empreses socials més nombroses a l'Estat espanyol són les empreses d'inserció, les quals tenen com a principal objectiu la inserció en el mercat laboral de persones en risc d'exclusió per mitjà del treball.
El 2006, als Estats Units, un grup d'empresaris i professionals creen B lab, una organització sense ànim de lucre, amb la finalitat de desenvolupar un sistema de certificació que avaluï l'impacte de les empreses en la societat. Defineixen el concepte de B Corporation (o B Corp). Aquest concepte, però, ja no està plantejat d'acord amb la forma jurídica de l'empresa sinó del seu comportament de cara a la societat i el medi ambient.
Per la banda europea, l'any 2010, el filòleg Christian Felber publica el llibre Economia del bé comú, en el qual assenyala, tal com ja ho van fer els pioners de Rochdale a mitjan segle xix, la necessitat que l'economia posi les persones en primer terme. A partir d'aquí, proposa que les empreses i la resta d'organitzacions elaborin un balanç del bé comú per mesurar-ne l'impacte en la societat.
Amb l'objectiu d'analitzar i comparar aquestes realitats, aquest article s'estructura en tres seccions: en la primera es conceptualitzen les formes empresarials més tradicionals que conformen la realitat de l'economia social i solidària; en la segona es descriuen i analitzen les aportacions més actuals de les B Corps i l'economia del bé comú. Finalment en el punt tres es fa una anàlisi comparativa dels diferents models i s'assenyalen les conclusions principals.

1. Les empreses tradicionals de l'economia social i solidària: cooperatives i societats laborals
Com ja s'ha assenyalat en la introducció, les empreses de l'economia social i solidària que són més nombroses i tenen una trajectòria més llarga i consolidada en el temps són les cooperatives. L'Aliança Cooperativa Internacional (ACI, 1995) defineix una cooperativa com a una associació voluntària de persones que s'uneixen per aconseguir les seves aspiracions econòmiques, socials i culturals a través d'una empresa de propietat conjunta i un govern democràtic.
La presa de decisions en les empreses cooperatives està basada en els valors d'ajuda mútua, coresponsabilitat, democràcia, igualtat, justícia i solidaritat, Valors dels quals emanen els set principis cooperatius que constitueixen la guia a través de la qual les empreses cooperatives duen els seus principis a la pràctica (ACI, 1995):
  1. Adhesió voluntària i oberta
  2. Gestió democràtica
  3. Dret dels socis a participar dels resultats generats per la cooperativa
  4. Autonomia i independència dels poders polítics
  5. Educació, formació i informació per als socis, directius, treballadors i representants
  6. Cooperació entre cooperatives
  7. Preocupació per la comunitat i implicació amb aquesta
     
Per quantificar el que suposen les empreses cooperatives en l'economia mundial, caldria assenyalar que d'acord amb dades incloses al World Co-operative monitor 2014, publicat conjuntament per l'ACI i l'Institut Europeu de Recerca en Cooperatives i Empreses Socials (EURICSE), les cooperatives facturaren arreu del món al llarg de l'any 2014, 2,2 trilions d'USD i ocupaven 250 milions de persones. La contribució de les empreses cooperatives a la generació d'ocupació és més que rellevant, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu, ja que representa el 12% de la població ocupada als països del G-20.
Tanmateix, pel que fa al nombre de socis i d'empreses cooperatives, els Estats Units són el país del món on més persones són sòcies de cooperatives: hi ha 256 milions de socis i gairebé 30.000 cooperatives. Al Quebec (Canadà) prop del 70% de la població són socis d'alguna cooperativa. A l'Àsia, els països on les cooperatives tenen més rellevància són l'Índia i el Japó. A l'Índia, 93,7 milions de persones en són sòcies, mentre que al Japó ho són 77 milions. Cal destacar que en aquest país el 91% dels agricultors són cooperativistes. A Oceania, destaca el cas de Nova Zelanda on el 3% del PIB el produeixen les cooperatives, que copen el 95% de les exportacions de productes lactis (tant frescos com elaborats). Finalment, a Europa, el país en què les cooperatives tenen més pes és Itàlia, amb 22,5 milions de socis.
Pel que fa a l'Estat espanyol, la Llei 5/2011 de 29 de març, defineix l'economia social com el conjunt d'activitats econòmiques i empresarials que en l'àmbit privat duen a terme aquelles entitats que, de conformitat amb els anomenats (per la mateixa llei) principis orientadors, persegueixen l'interès general econòmic o social o ambdós. La Llei també enumera quines són, a l'Estat espanyol, les empreses de l'economia social.
Dintre de les anomenades for profit organizations, hi trobaríem, principalment, les cooperatives i societats laborals. Però també hi serien les mutualitats, els centres especials d'ocupació i les empreses d'inserció. D'altra banda, dintre de les anomenades not for profit organizations, hi trobem les associacions, les fundacions i les confraries de pescadors.
D'acord amb les dades de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), a tot l'Estat hi havia al final de 2015, 42.929 empreses de l'economia social, que van generar el 10% del PIB. D'aquestes, 20.258, el 47,19%, eren cooperatives i 10.828, societats laborals, el 25,22%. Com s'aprecia clarament en aquestes dades, entre cooperatives i societats laborals hi ha 31.086 empreses, un 74,41% (gairebé dues terceres parts) del total d'empreses de l'economia social.
Pel que fa a l'ocupació generada i d'acord amb les estadístiques del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, les cooperatives donaven ocupació directa a 277.390 persones al final de 2015. Les societats laborals donaven ocupació de manera directa a 63.536 persones. S'estima que el total d'ocupació directa i indirecta generada per les empreses de l'economia social el 2015 era de 2.219.733 llocs de treball a tot l'Estat. En total, les empreses de l'economia social generaren el 2015 el 12,5% de l'ocupació de l'Estat, amb un 80% de contractació indefinida i un 47% d'ocupació de persones menors de 40 anys.
Per territoris, Catalunya és on les cooperatives són més nombroses; 4.138 de les 20.258, el 20,43%, de les cooperatives de l'Estat són catalanes. Segueix Andalusia amb 3.973, el 19,61%, i en tercer lloc el País Valencià amb 2.396, l'11,82%.
Figura 1. Nombre de cooperatives l'any 2015
Gràfic 1
Font: CEPES.

La distribució de l'ocupació directa generada per les cooperatives en els diferents territoris durant el 2015, d'acord amb les estadístiques del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, situa en primer lloc el País Basc, on les cooperatives ocupen 54.337 de les 277.390 persones de tot l'Estat, el 19,58%. En segon lloc, les cooperatives andaluses ocupen 43.897 persones, el 15,82%. Seguides per les cooperatives catalanes, amb 42.232 persones ocupades, el 15,22%, i les valencianes amb 37.079, el 13,37%.
Figura 2. Ocupació en cooperatives el 2015
Gràfic 2
Font: CEPES.

L'altre tipus d'empresa de l'economia social que resulta més rellevant dintre de la nostra realitat són les societats laborals (societats anònimes laborals – SAL i societats limitades laborals – SLL). Aquestes empreses tenen els mateixos requeriments de capital social mínim que les seves quasi homònimes societats capitalistes, però es diferencien d'aquestes pel fet que al menys el 51% del capital és propietat dels socis-treballadors (encara que cap soci-treballador pot tenir més del 30% del capital social), i hi poden haver socis capitalistes, mentre que els socis-treballadors poden optar entre cotitzar en el règim general de la Seguretat Social o en el d'autònoms. Les societats laborals van tenir una certa rellevància en el món de l'empresa en les dècades dels setanta i vuitanta, ja que van permetre que moltes societats capitalistes (principalment industrials) en crisi sobrevisquessin mitjançant la seva transformació en societats laborals. D'aquesta manera, les societats laborals i les cooperatives de treball associat han esdevingut tradicionalment els models d'empresa que han permès salvar llocs de treball en èpoques de crisi, com sigui que han estat les formes jurídiques que han facilitat l'existència de les anomenades empreses recuperades pels seus treballadors. Tot i això, cal assenyalar que les societats laborals són una forma d'empresa que fora de l'Estat espanyol no ha tingut el mateix desenvolupament. De fet, en molts països del món ni tan sols existeixen.
Figura 3. Nombre de societats laborals el 2015
Gràfic 3
Font: CEPES.

Des del punt de vista quantitatiu, al final de 2015 segons dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social hi havia a tot l'Estat 10.471 societats laborals que ocupaven 64.491 persones. Per territoris, el lloc on més societats laborals hi ha localitzades és Andalusia, amb 2.331 empreses que ocupen 12.811 persones, seguida per la Comunitat de Madrid, amb 1.154 empreses que ocupen 7.367 persones.
Figura 4. Ocupació en societats laborals el 2015
Gràfic 4
Font: CEPES.


2. La nova realitat: aportacions de les B Corp i l'economia del bé comú
Poc abans de la primera gran crisi econòmica del segle xxi, el 2006, als Estats Units un grup d'empresaris, professionals i acadèmics formen el B Lab amb la convicció que la principal finalitat de qualsevol tipus d'empresa (incloent-hi les capitalistes) no podia ser generar beneficis al preu que fora i que dintre de l'impacte que les empreses tenien en la societat i el territori calia incloure en el balanç també l'impacte social i mediambiental per tal d'avaluar correctament la sostenibilitat de les activitats empresarials. Es tracta, doncs, d'un projecte nascut i desenvolupat col·lectivament.
Per la banda europea, el 2010, amb la publicació del llibre Economia del be comú, escrit pel filòleg austríac Christian Felber, es posa en marxa també un moviment que defensa que les empreses de qualsevol tipus incorporin objectius socials i de sostenibilitat. El moviment sorgeix després de l'esclat de la crisi, amb la voluntat de donar-li resposta. En aquest cas, es tracta d'un projecte nascut en l'àmbit individual que esdevé col·lectiu, però en el qual l'impulsor exerceix un lideratge clar.
Al llarg d'aquest apartat exposarem quins són els trets més rellevants de tots dos models, comparant-los entre si, i quina aportació suposen respecte de les empreses tradicionals de l'economia social (cooperatives i societats laborals).
2.1. Les B Corporations, una força per al bé
La visió que guia la definició de B Corporation està basada en la idea que les empreses i el món dels negocis poden actuar com a força per a fer el bé en una economia globalitzada. D'aquesta manera les B Corp han de ser capaces de crear beneficis (no sols econòmics o financers) per a tots els stakeholders i no tan sols per als propietaris de l'empresa.
D'una banda, aquesta definició intenta traslladar d'alguna manera la major part dels principis i valors cooperatius a les empreses capitalistes.
D'altra banda, Freeman (2010) defineix els stakeholders com grups de persones o individus que poden afectar l'assoliment dels objectius de l'organització o veure-se'n afectats. És per això que caldria que les organitzacions els tinguessis en compte a l'hora de prendre decisions (Bryson, 2004).
Per tant, seguir aquest concepte significa ampliar els grups socials que es tenen en compte a l'hora de prendre decisions dintre d'una empresa i no limitar-se solament als grups més pròxims com poden ser els propietaris del capital i/o els treballadors. Però a diferència de les cooperatives i les societats laborals, la capacitat d'influència ja no estaria definida només per la propietat sinó també per les relacions de l'empresa amb els grups de l'entorn. Així, un grup ecologista local, per exemple, podria arribar a ser molt rellevant, encara que no formés part de la propietat de l'empresa.
Tanmateix, la definició de B Corp no va lligada a cap forma jurídica determinada; així hi ha B Corps que són cooperatives com Cabot, Coop. (Vermont, EUA) i d'altres que no ho són com Ben & Jerry's (Vermont, EUA).
D'aquesta manera, des de B Lab (una organització sense ànim de lucre) el grup promotor d'aquest moviment va impulsar un sistema complet de certificació que defineix les variables que cal tenir en compte i els instruments de mesura corresponents (indicadors) per tal d'avaluar l'impacte social i mediambiental de l'activitat empresarial. Es tracta d'un sistema que compleix tots els estàndards que requereix una auditoria; es tractaria d'una adaptació del Balanced scorecard (Kapplan & Northon, 1996), en què variables i indicadors estarien interconnectats i permetrien l'anàlisi de l'empresa com un sistema integrat. La primera empresa certificada com a B Corp va ser Balle el 8 de juny de 2007.
La certificació B Corp es va crear amb la finalitat de permetre una informació transparent als consumidors, les empreses i les administracions públiques pel que fa al comportament social i mediambiental de les empreses a les quals adquireixen productes. Així, el 23 d'abril de 2010 l'Estat de Maryland introdueix en la legislació algunes formes de tractament favorable a les empreses certificades com a B Corp perquè entén que contribueixen al bé comú de la societat.
Actualment hi ha 1.854 B Corporations arreu del món, en 150 països diferents, que operen en 130 sectors d'activitat.
En definitiva, el sistema de certificació creat per B Lab ha esdevingut una eina molt útil per tal que les empreses (amb qualsevol forma jurídica) incloguin principis i valors socials i mediambientals, la qual cosa implica incorporar, en gran mesura, els principis i valors cooperatius.
2.2. L'economia del bé comú
Per la seva banda, l'economia del bé comú també intenta que les empreses capitalistes incorporin els principis i valors de l'economia social. Com en el cas de les B Corp, també es basa en l'enfocament dels stakeholders per a dissenyar un sistema d'auditoria del bé comú. Amb aquesta auditoria es pretén avaluar el grau d'acompliment dels criteris socials. L'instrument en el qual es basa és l'anomenada matriu del bé comú, en la qual es defineixen una sèrie de variables lligades a diferents stakeholders. Aquestes variables tenen una sèrie d'indicadors associats per a mesurar-ne el grau de compliment. Actualment, la matriu del bé comú va per la cinquena versió.
La matriu del bé comú presenta els valors següents: dignitat humana, solidaritat, sostenibilitat ecològica, justícia social i participació democràtica i transparència. I els analitza tenint en compte l'impacte en els stakeholders següents: proveïdors, finançadors, empleats (incloent-hi propietaris), clients, productes, serveis, coempreses i àmbit social (regió, sobirania, generacions futures, persones i naturalesa mundial). A banda, hi ha alguns aspectes que poden penalitzar, és a dir, restar punts a la suma aconseguida anteriorment.
A diferència de la certificació de les B Corp, les variables i els indicadors no funcionen com un sistema interconnectat, sinó que hi trobem diferents seccions que van sumant puntuacions. Una altra diferència important és que mentre que l'economia del bé comú intenta abastar la certificació de territoris, municipis, administracions públiques i empreses privades (tot tipus d'organitzacions), el certificat B Corp només abasteix organitzacions del sector privat, ja que no es mesura de la mateixa manera l'impacte social del sector privat que el del sector públic.
Un altre tret diferenciador és que l'economia del bé comú és un concepte inspirat en realitats que ja existien, creat per una persona, Christian Felber, i desenvolupat posteriorment de manera col·lectiva prenent com a base el lideratge del seu creador. Tant en el cas de l'economia social i solidària com en el de B Corp es tracta de conceptes que es generen i desenvolupen de manera col·lectiva per part de la societat civil amb la voluntat de donar resposta a problemes concrets.

3. Anàlisi comparativa i conclusions
En la taula 1 es presenta un resum dels trets definitoris que caracteritzen cadascun dels tres models descrits en aquest article.
Taula 1. Resum dels tres models presentats
  Influència en decisions Forma jurídica Tipus de promotor/s
Empreses tradicionals d'economia social i solidària
Basada en la propietat
Limitada a unes formes jurídiques definides. Principalment cooperatives i societats laborals
Col·lectiu, societat civil
B Corporations
Basada en les relacions de l'empresa amb els seus stakeholders
Qualsevol forma jurídica
Col·lectiu, societat civil
Economia del bé comú
Basada en les relacions de l'empresa amb els seus stakeholders
Qualsevol forma jurídica
Christian Felber lidera aquest model i posteriorment s'hi incorporen altres persones
Font: Elaboració pròpia.

Com es pot veure clarament en la taula 1, pel que fa a la manera que té la societat d'influir en la presa de decisions de les empreses, l'enfocament tradicional de l'economia social i solidària es basa en el principi clàssic de la propietat del capital, que considera que algú pot influir en les empreses quan forma part de la propietat del capital social. L'aportació tant de les B Corp com de l'economia del bé comú modernitza aquest concepte ampliant-lo, ja que en ambdós casos es considera que es pot influir en la presa de decisions de les empreses tant si s'és propietari com si es té un alt grau d'interès i de capacitat d'influència, cosa que no necessàriament implica formar part de la propietat. Així, per exemple, uns consumidors informats i compromesos poden influir amb les seves decisions de compra en el comportament de les empreses. D'aquest primer tret, se'n deriva el segon: com que en l'economia social i solidària tradicional les persones tenen capacitat d'influència si tenen la propietat, aleshores es creen unes formes jurídiques que permeten que part de la societat civil participi en la propietat del capital social. En canvi, en els altres dos casos qualsevol forma jurídica pot esdevenir una empresa social i mediambientalment sostenible i compromesa.
Finalment, pel que fa al tipus de promotors de cadascuna de les iniciatives analitzades, només en el cas de l'economia del bé comú ens trobem amb un promotor individual que exerceix un lideratge clar en el projecte; en els altres dos casos hi ha promoció col·lectiva i lideratges compartits.
Com a principal conclusió podríem destacar que els nous models del segle xxi han contribuït a ampliar i modernitzar l'àmbit d'actuació i l'enfocament de l'economia social i solidària clàssica, si bé aquesta, en tenir un recorregut històric, està més consolidada i assentada en les societats d'arreu del món.

Bibliografia
BRYSON, J. M. (2004). «What to do when stakeholders matter: stakeholder identification and analysis techniques». Public management review. Núm. 6(1), pàg. 21-53.
FREEMAN, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge University Press.
JIMÉNEZ, J. C. (2005). (coord.). Un enfoque económico del Tercer Sector. Ed. Fundación ONCE.
KAPLAN, R. S; NORTON, D. P. (1996). The balanced scorecard: translating strategy into action. Harvard Business Press.
MELIÁN NAVARRO, A.; CAMPOS CLIMENT, V. (2010). «Emprendedurismo y economía social como mecanismos de inserción sociolaboral en tiempos de crisis». REVESCO. Revista de estudios cooperativos. Núm. 100, pàg. 43-67.
SANCHIS PALACIO, J. R.; CAMPOS CLIMENT, V. (2007). «La dirección estratégica en la economía social: utilización de herramientas de análisis estratégico en las cooperativas». CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa. Núm. 59, pàg. 237-258.
SANCHIS PALACIO, J. R.; CAMPOS CLIMENT, V. (2008). «La innovación social en la empresa: el caso de las cooperativas y de las empresas de economía social en España». Economía industrial. Núm. 368, pàg. 187-196.

Webgrafia
https://www.bcorporation.net/ (Data de consulta: 26.08.2016)
http://www.cepes.es/ (Data de consulta: 31/08/2016)
http://economia-del-bien-comun.org/es (Data de consulta: 26/08/2016)
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm (Data de consulta: 31/08/2016)
http://ica.coop/ (Data de consulta: 17/08/2016)

Sobre l'autora
Vanessa Campos i ClimentVanessa Campos-i-Climent
Professora ajudant doctora del Departament de Direcció d'Empreses. Universitat de València
Es va doctorar en Economia Social (especialitat Cooperatives) l'any 2011 i va ser la primera persona que va obtenir el títol en el programa de doctorat d'Economia Social de la Universitat de València, pioner a Europa. Fins a l'any 2010 va exercir com a economista en el sector privat, en l'àrea de consultoria estratègica d'empreses. Actualment és professora ajudant doctora de la Facultat d'Economia de la Universitat de València. Des de l'any 2001 publica articles científics sobre empreses socials, cooperativisme i crèdit cooperatiu, i ha participat també en diversos projectes d'investigació d'àmbit estatal i internacional. Darrerament ha publicat els llibres Caixa Popular. Un model de banca cooperativa, social i diferent i El modelo Consum, una cooperativa responsable y sostenible» ambdós a Vincle Editorial.
http://oikonomics.uoc.edu/divulgacio/oikonomics/ca/numero06/dossier/vcampos.html

dissabte, 2 de febrer del 2019

Economy for the Common Good in Spanish legislation for the promotion of businesses

Economy for the Common Good in Spanish legislation for the promotion of businesses

Blogpost by stephanie.ristig-bresser
ValenciaPlaza_Rafa Climent_Paco Alvarez.jpgLocal Councillor for Industry and Commerce Rafa Climent and expert and ECG ambassador Paco Alvarez (Credit: ValenciaPlaza)

Blog contribution by Christian Felber

On 1 February, the Regional Ministry of Sustainable Economy, Productive Sectors, Commerce and Employment of the Valencia, Spain, n Community issued a decree (2/2017) for the promotion of social enterprise and the Economy for the Common Good.
The decree  ("orden"), published on 1 February 2017 in the official gazette ("Diari Oficial") of the Government of Valencia ("Generalitat Valenciana"), "sets out the regulatory basis for the allocation of grants for the promotion of a sustainable economy.
The decree is 25 pages long and comprises 28 articles. The term Economy for the Common Good ("Economía del Bien Común") appears in the text 41 times, the term Common Good Balance Sheet ("Balance del Bien Común") 11 times, the term Common Good Matrix ("Matriz del Bien Común") 3 times and the loose term "common good" a further 9 times.  In total, the term "common good" appears 64 times in the decree.
In the preamble, the order covers "the transformation of the economic model in the Valencian Community". It describes the Economy for the Common Good as "a model for the creation of a stable social and economic system, developing an ethical and sustainable market economy, and based on the same fundamental and constitutional values that are universally recognised: dignity, solidarity, ecological sustainability, social justice, transparency and democracy“.
It associates the Economy for the Common Good with Article 128 of the Spanish Constitution, whereby "the entire wealth of the country in its different forms (...) is secondary to the general good". The order further cites the resolution of the EU Economic and Social Committee in favour of the Economy for the Common Good. It also deals with the grounds for social enterprise and social economy. In conclusion: "For reasons mentioned, this order aims to strengthen the sustainable economy, through the promotion and sharing of cultures and practices of its two most important concepts, the Economy for the Common Good and social enterprise. “
The decree defines 12 terms, amongst them "Economy for the Common Good", "Common Good Balance Sheet" and "Common Good Matrix".
Three entities are defined as eligible for funding:
1. Organisations, foundations and other non-profit bodies that are committed to the promotion of social enterprise and the Economy for the Common Good.
2. SMEs that adopt the principles of social enterprise and the Economy for the Common Good.
3. Educational institutions, that research or teach sustainable economy, social enterprise and the ECG.
In organisations and foundations, meetings, conferences, lectures and panel discussions in particular will be funded (article 4.1.a), "activities which raise awareness of social enterprise and the Economy for the Common Good " (article 4.1.b), as well as supporting social innovation and social entrepreneurship.
With SMEs, sustainability reports will be funded, "for example, a Common Good Balance Sheet (…) that measures the ethical success of an organization and its contribution to the Common Good “(Art. 4.2.a).
At educational institutions "a basic study of the Economy for the Common Good, of social enterprise and innovation, as well as activities for application-driven research in these areas", will be funded, specifically:
  • "in-depth research on the concepts and values underpinning the model";
  • the "practical application of the instruments contained in the models, for example a methodology to measure an enterprise's contribution to the Common Good, the preparation of a Common Good Balance Sheet and other similar processes";
  • "Research and studies on the actual contribution of social enterprises and the Economy for the Common Good on the main macroeconomic aggregates, as well as its added value compared to other business models, their impact on the resilience, and their relation to, social innovation and entrepreneurship";
  • "Collecting statistics and developing indicators, that lead to more visibility and appreciation of social enterprise and social entrepreneurship";
  • "Specialist training in social entrepreneurship and the Economy for the Common Good“.
Articles 18-20 detail the exact expenditure for which the three funded entities may claim reimbursement (this comprises the funding).
For non-profit organisations and foundations (Art. 18), expenses included are, amongst others: rent, training materials, speakers' fees, consumer items, travel, handicraft, overheads (5%). For each claim, up to 120,000 euros may be reimbursed.
For SMEs (Art. 19), funding will be provided for the preparation and publication of sustainability reports "with special preference for the Common Good Balance Sheet".   At this point, the Common Good Balance Sheet is prominently defined as the reference standard of the decree. All of the reporting standards mentioned in the EU Non-Financial Reporting Directive are referred to only as substitute options.  For example, under Art. 19.1.d the audit of Common Good Reports is defined as eligible for funding. NB: in order to be able to prepare a Common Good Balance Sheet, the auditors must be certified by the Valencian Association for the Promotion of the Economy for the Common Good. (Art. 19.6). Each enterprise will be reimbursed for costs of up to 15,000 euros. 
For education and research facilities (Art. 20), up to 100,000 euros will be provided per claimant for specialist staff, mobile material, travel and accommodation costs, subsistence and other items such as newspaper subscriptions. 
The budget granted by the parliament for these promotion purposes amounts to 470,000 euros. The next decree is planned for June, this time for investments with a higher volume. The decree came into force on 2 February 2017. Claims must be settled within 6 months following submission.

dijous, 31 de gener del 2019

La obligada transición ecológica

La obligada transición ecológica

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático advierte: los efectos del calentamiento global ya están aquí y se manifiestan a través de condiciones meteorológicas extremas. La transición energética y el viaje hacia la descarbonización no pueden esperar.

Artículo
Esther Paniagua
Ilustraciones
Carla Lucena
23
Ene
2019
Cuando hayan desaparecido los arrecifes de coral; cuando nos hayamos quedado sin hielo en el Ártico; cuando suframos la escasez de agua y alimentos; cuando tengamos que emigrar por efectos climáticos y los desastres naturales destruyan todo a su paso; cuando perdamos cosecha tras cosecha, grano tras grano; cuando el consumo sea insostenible y la economía se haya estancado; cuando el aire sea irrespirable y la tierra inhabitable, y nuestra salud pague las consecuencias; cuando el estado del bienestar se haya arruinado. Cuando nos demos cuenta de que vamos tarde, de que esto ya está pasando.
Las señales son inequívocas, tanto como lo es el cambio climático. Una vez superado el debate (mal que le pese a Trump) sobre si existe tal cambio o no y sobre la clara influencia humana en él, nuestra obligación egoísta es poner todo lo que esté a nuestro alcance para frenarlo. Y el tiempo apremia. Ya no podemos conformarnos con contener el aumento de la temperatura media mundial hasta un máximo de 2 °C: debemos aspirar a menos de 1,5 °C. Así se podría reducir a la mitad la desertización de entre un 20 y un 50% de la superficie terrestre o evitar la práctica extinción de los arrecifes de coral, entre otras cosas. Lo dice el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su estudio más reciente. Uno de sus mensajes «más contundentes» es que ya estamos viviendo las consecuencias de un calentamiento global de 1 °C, «con condiciones meteorológicas más extremas y crecientes niveles del mar, por citar algunos efectos», asegura desde el IPCC Panmao Zhai.
Las cifras son demoledoras y van a peor: tras tres años de estabilidad, las emisiones de carbono aumentaron un 1,4% en 2017 y alcanzaron el máximo histórico de 32,5 gigatoneladas, según la Agencia Internacional de Energía. Ni los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático ni los datos parecen tener mucho efecto. No, al menos, el que cabría esperar ante un asunto tan urgente como importante, con impacto directo en la vida humana. ¿Por qué no avanzamos?

El engaño económico

Los palos en la rueda son múltiples y en varias esferas: económica, política y social. Nada, sin embargo, nos impide quitarlos y seguir rodando. En la pata económica, una falsa dicotomía entre crecimiento y sostenibilidad pone el freno. «Una mitigación ambiciosa es alcanzable con un coste en la reducción del crecimiento económico del 0,06%, teniendo en cuenta que el crecimiento sin actuaciones de mitigación se estima entre el 1,6 y el 3,0%», dice el quinto informe del IPCC.
En el ámbito económico, una falsa dicotomía entre crecimiento y sostenibilidad pone el freno
Pero –y el pero es importante– la reducción es un retraso, no una pérdida de crecimiento. Además, dicha estimación no tiene en cuenta los beneficios asociados a una reducción del cambio climático ni los riesgos para el crecimiento económico de no tomar medidas para mitigarlo. Los cálculos en el ámbito de la economía medioambiental son muy complejos. Tanto que les han valido este 2018 el Nobel a los estadounidenses William Nordhaus y Paul Romer por sus estudios en este campo.
A medir y cuantificar económicamente el impacto del cambio climático se dedica también la investigadora de economía medioambiental y ciencia climática en la Universidad de California en Davis (EE. UU.) Frances Moore. «No se trata únicamente de cuantificar las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera, sino el coste social: el aumento de la mortalidad también influye en el PIB, y los daños en los ecosistemas y la biodiversidad afectan a la agricultura y, por ende, a las transacciones comerciales», explica. «Si partimos de la base de que la temperatura tiene un efecto en la tasa de crecimiento económico, el impacto es enorme, y las evidencias apuntan a que así es», añade la científica.
En opinión de Gael Giraud, economista jefe de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), «es absolutamente necesario desacoplar el crecimiento económico y el consumo de energía para que el mundo sobreviva». En su opinión, no hacerlo podría llevar a un aumento de hasta 5 °C para finales de siglo, «amenazando la vida en la Tierra». «El aumento del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares, la erosión de los suelos, la desertificación o la no disponibilidad de agua potable son algunas consecuencias catastróficas ya visibles. Esto provocará migraciones climáticas desestabilizadoras, ya que los países más pobres son también los más vulnerables», asegura el economista e investigador.
La descarbonización debe realizarse de forma racional para que sea una fuente de riqueza y oportunidades
Al contrario que Giraud, el director del Instituto Woods para el Medio Ambiente de la Univerisidad de Stanford Chris Field no cree que disociar el crecimiento económico y el consumo de energía sea necesario. «Si producimos y consumimos energía de una manera que no dañe al planeta, la ratio puede continuar aumentando. El reto es pasar de un uso de energía que daña el planeta a un uso para sostenerlo y mejorarlo», asegura. Cree que ello requiere contabilizar como parte de la actividad económica las inversiones para proteger la naturaleza. «Que haya un mercado para esto desatará el potencial de invertir en la limpieza de aire y agua, y en la restauración de suelos y bosques», sostiene.

Carbón y basura: el reto 0,0

La descarbonización de la economía es parte de la transición necesaria, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? La teoría la sabemos bien, pero faltan compromisos y planes reales para ello. En España, brillan por su ausencia, algo que critica el catedrático Javier García, director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante. Cree que este proceso debe realizarse de forma racional para que sea una fuente de riqueza y oportunidades, y no de inestabilidad y desempleo.
Además de voluntad política, el científico considera críticas una clara apuesta empresarial y la inversión en nuevas tecnologías que aceleren el proceso. En esto último trabaja su empresa, Rive Technology, que produce catalizadores que reducen entre un 2 y un 3% las emisiones de CO2 de las refinerías, según sus propias cifras. «Esto supone un ahorro de millones de toneladas de CO2 al año», afirma. En su laboratorio también buscan nuevas formas de producir y almacenar energía limpia, en concreto celdas solares, almacenamiento de hidrógeno y baterías de flujo.
García cree que el desarrollo de nuevas tecnologías que compitan en precio, eficiencia y sostenibilidad con las existentes «no se dará si las grandes empresas energéticas siguen sin dedicar apenas recursos para desarrollar nuevas formas de energía en comparación a los beneficios que generan». Entre ellas está Naturgy, la antigua Gas Natural. Su director de Nuevos Negocios, Joaquín Mendiluce, comenta que la compañía va a destinar 1.000 millones de euros en inversiones en energías renovables en los próximos dos años, «hacia un escenario de baja dependencia de carbono en el horizonte de 2050». También destaca su acuerdo con la naviera Baleàri para el uso de gas natural licuado (GNL), «que reduce las emisiones entre un 10 y un 20% frente al diésel».
En la esfera de la economía circular, Mendiluce asegura que están impulsando proyectos para convertir los residuos orgánicos, «cuya descomposición está generando emisiones a la atmósfera con un efecto de calentamiento global equivalente a 25 veces el de CO2», en gas renovable que se pueda utilizar para el transporte, los hogares y la industria.
Las emisiones de carbono aumentaron un 1,4% en 2017 y alcanzaron el máximo histórico de 32,5 gigatoneladas
En efecto, la basura es un problema muy serio. Según el informe What a Waste del Banco Mundial, en 2016 las ciudades del mundo generaron 2.010 millones de toneladas de residuos sólidos. Dado el rápido crecimiento de la población y la urbanización, se espera que la cifra aumente en un 70% para 2050. Eso sin tener en cuenta las cifras de la industria, muy superiores. A esto se añade la basura marítima. Solo el río Yangtsé (China) concentra 1,5 millones de toneladas de plástico, frente a las 18 toneladas del Támesis (Reino Unido), según un estudio del Centro para la Investigación Medioambiental de Leipzig (Alemania). Más de un cuarto de los 8 billones de toneladas de basura que se encuentran en el agua se concentra en diez ríos, ocho de ellos chinos.
La tecnología se ve una vez más como una aliada contra esta invasión. Las autoridades portuarias de Oslo (Noruega) tienen en marcha un plan de limpieza del mar con drones subacuáticos producidos por la startup Blueye. También ha comenzado a funcionar recientemente en San Francisco (EE. UU.) un sistema de limpieza en alta mar desarrollado por la organización sin ánimo de lucro The Ocean Cleanup. Se trata de un flotador de 600 metros de largo con una falda de 3 metros diseñada para recoger unas 50 toneladas de basura. Su plan es lanzar 60 sistemas como este en los próximos cinco años. Suena bien, pero está por ver el impacto de estas tecnologías en los ecosistemas marinos.
Más allá de los plásticos, el mar se enfrenta a un problema medioambiental mayor: la sobrepesca y los fertilizantes suman juntos un coste financiero por los daños al ecosistema marino de entre 250.000 y 800.000 millones de dólares al año, según el informe Catalysing Ocean Finance de Naciones Unidas (2012). Los plásticos, según las estimaciones más conservadores de esta organización (en el libro anual de la UNEP de 2014), cuestan 13.000 millones de dólares.

El impacto de la carne

Del mar al plato con un tema controvertido: el consumo de carne y de productos animales que, siendo claros, es insostenible e incluso insalubre. El ganado ocupa más del 70% de las tierras de uso agrícola y apenas se traduce en un 18% de la ingesta de calorías en todo el mundo, según el informe Shaping the Future of Livestock de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Además, estas no se reparten equitativamente: la mayoría se consume en países de altos ingresos y cada vez más en países de ingresos medios, donde la ingesta de alimentos de origen animal excede sus necesidades alimentarias.
La mayoría de la carne se consume en países de altos ingresos y cada vez más en países de ingresos medios
Con los datos en la mano, una transición hacia dietas que dependan menos de la carne y más de frutas y verduras podría salvar hasta ocho millones de vidas para 2050, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en dos tercios, evitar daños climáticos por un valor de 1.500 millones de dólares y ahorrar costes en atención médica, según un estudio realizado por investigadores de la Oxford Martin School (Reino Unido), publicado en 2016 por la revista científica PNAS. Con el propósito de facilitar la producción de alimentos y hacerlos más accesibles, el investigador español Eduardo Castelló creó con sus compañeros del grupo Open Agriculture en el MIT Media Lab un «ordenador personal de comida». Se trata una plataforma de tecnología de agricultura en ambiente controlado, del tamaño de una mesa y de código abierto, que utiliza sistemas robóticos para controlar el clima, la energía y el crecimiento de las plantas dentro de una cámara de cultivo especializada. «Es un Linux para la comida, un sistema para hacer el sistema de producción transparente y al alcance de todos».
En efecto, cualquiera puede descargarse las instrucciones para crear su propio ordenador de comida. «Lo que se consigue con esto es democratizar el clima y que la producción de alimentos no dependa de si estás en el Sáhara o en Finlandia. Esto no solo aumenta la cantidad de comida que se puede producir –con el con– siguiente impacto en términos de refugiados climáticos-, sino también su calidad», explica el científico.
Castelló trabaja ahora con otro grupo diferente, Human Dynamics, con el que ha creado un sistema de recogida inteligente de residuos. «Funciona como una especie de hormiguero con triciclos robóticos que se mueven por la ciudad y detectan cuándo están llenas las basuras –dotadas de sensores– o lo estarán próximamente. No hay un planificador central, como un ayuntamiento, sino que la información está descentralizada y es muy difícil de piratear», señala el investigador. Este sistema, que de momento han probado –y publicado– en un espacio controlado que simula el funcionamiento de una ciudad, se podría usar para diferentes procesos urbanos autónomos.

Ecologizar las ciudades

Las urbes son precisamente otra pieza clave en el puzle de la sostenibilidad. En un mundo globalizado donde estas cobran cada vez más importancia, su papel es decisivo y requiere de valentía y liderazgo. Las políticas y estrategias de movilidad inciden directamente en las emisiones de CO2. Según Alicia Rubio Fernández, subdirectora general de Inspección de Transporte Terrestre, «el transporte representa el 25% de los gases de efecto invernadero en España y es la principal causa de contaminación urbana». Está claro que es un problema, pero no tanto cómo atajarlo.
Las restricciones a la circulación impuestas en capitales europeas como París, Londres o Madrid son altamente polémicas. Los vehículos eléctricos no disponen aún de la infraestructura de carga necesaria para su generalización más allá del acceso a flotas de vehículos compartidos. Las carreteras siguen sin estar adaptadas a las bicicletas, y menos aún a los patinetes, que tampoco pueden hacer uso de las aceras. En trayectos interurbanos, las opciones de desplazamiento compartido se plantean como una alternativa para sacar vehículos de la circulación, aumentando la ratio de ocupación. Según un macroestudio de BlaBlaCar, los viajes en coche compartido en España en 2017 a través de su plataforma supusieron un ahorro de 70.000 toneladas de CO2.
Las carreteras no están aún adaptadas a las bicicletas ni a los patinetes
En el ámbito urbanístico se impulsan desde Europa los llamados «Distritos Inteligentes Sostenibles» (SSD, por sus siglas en inglés). Entre los seleccionados por el programa europeo para el desarrollo de distritos urbanos sostenibles «pioneros en el mundo» está el barrio La Pinada. Se trata de un ecobarrio impulsado por el emprendedor español Iker Markaide, que se empezará a construir en 2019 en Paterna, a doce kilómetros de la ciudad de Valencia.
Soluciones no faltan, pero ninguna es mágica. Al factor económico se suma la necesidad de liderazgo político. «Son necesarias acciones decididas y mucha voluntad política», señala García, que critica que los grandes acuerdos sobre cambio climático «no llevan asociada financiación que permita descubrir y desarrollar energías más sostenibles». El catedrático incide también en la importancia de tomar las acciones individuales que favorezcan el ahorro de energía y el uso de alternativas limpias, y el apoyo a programas y opciones políticas alinea- das con estos objetivos.
La transición requiere de un cambio de hábitos y de comportamiento, de pasar de la cultura del consumo masivo del usar y tirar –alentada por la obsolescencia programada– a la reutilización y reparación a la antigua usanza. «Vivimos en un mundo en el que, con frecuencia, el valor de una persona y su autoestima se miden por la cantidad que consume. Si podemos hacer una transición de este modelo a uno en el que el prestigio y la importancia de la gente se reflejen en la calidad de sus experiencias y posesiones, las huellas ambientales pueden reducirse mucho», afirma Field.
La transición requiere pasar de la cultura del usar y tirar a la reutilización y reparación
Como ejemplos de ello, el profesor de Stanford habla de dar más valor al hecho de disfrutar de una buena comida, o a ver la educación y el arte como pertenencia que enriquece la vida intelectual o cultural. «Un estilo de vida feliz y saludable no implica destruir el planeta. Necesitamos restablecer la escala de éxito y desconectarla de la cantidad de consumo. También debemos reconocer el valor de los ecosistemas saludables y estar dispuestos a contribuir a su mantenimiento», añade el científico.
El cambio precisa de incentivos. Ver que este se traduce en efectos positivos es uno de ellos. Por suerte, los hay: este mismo noviembre, la ONU revela en un informe que la capa de ozono se ha recuperado a una tasa de entre un 1 y un 3% desde el año 2000, fecha del acuerdo mundial que estableció medidas para cerrar los agujeros en esta capa que protege a la Tierra de los rayos ultravioleta. A la velocidad actual, el ozono en el hemisferio norte y en latitudes medias se podrá cerrar completamente en la década de 2030, en el hemisferio sur en la década de 2050 y en las regiones polares para 2060. Son buenas nuevas, pero solo llegarán si aceleramos la transición ecológica.
https://ethic.es/2019/01/la-obligada-transicion-ecologica/

Objetivo ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

 

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. Gestionadas de forma adecuada, la agricultura, la silvicultura y la acuicultura pueden suministrar comida nutritiva a todo el planeta, así como generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo centrado en las personas del campo y proteger el medio ambiente.
Pero ahora mismo, nuestros suelos, océanos, bosques y nuestra agua potable y biodiversidad están sufriendo un rápido proceso de degradación debido a procesos de sobreexplotación.
A esto se añade el cambio climático, que repercute sobre los recursos de los que dependemos y aumenta los riesgos asociados a los desastres naturales tales como las sequías y las inundaciones. Muchas campesinas y campesinos ya no pueden ganarse la vida en las tierras que trabajan, lo que les obliga a emigrar a las ciudades en busca de oportunidades.
Necesitamos una profunda reforma del sistema agrario y alimentario mundial si queremos nutrir a los 815 millones de hambrientos que existen actualmente en el planeta y a los dos mil millones de personas adicionales que vivirán en el año 2050.
Las inversiones en agricultura son cruciales para aumentar la capacidad productiva agrícola y los sistemas de producción alimentaria sostenibles son necesarios para ayudar a mitigar las dificultades del hambre.
Hambre
    • Una de cada nueve personas en el mundo está subalimentada en la actualidad; esto es, alrededor de 815 millones de personas en el mundo.
    • En 2016, unos 155 millones de niños menores de 5 años sufrían retraso en el crecimiento (eran demasiado pequeños para su edad, como consecuencia de una malnutrición crónica). En todo el mundo, la tasa de retraso en el crecimiento se redujo del 33% en 2000 al 23% en 2016. Las tres cuartas partes de los niños con retraso en el crecimiento en ese año vivían en Asia Meridional y África Subsahariana.
    • En 2016, se estima que en todo el mundo 52 millones de niños menores de 5 años de edad padecían emaciación (un peso bajo para su estatura, por lo general como resultado de una escasez alimentaria aguda o de una enfermedad, o por ambas cosas). La tasa mundial de emaciación era del 7,7% en 2016, con la tasa más elevada (15,4%) en Asia Meridional. En el otro extremo del espectro, el sobrepeso y la obesidad afectaban a 41 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo (6%) en 2016.
Seguridad alimentaria
  • El fin del hambre exige sistemas de producción alimentaria sostenibles y prácticas agrícolas resilientes. Un aspecto de ese esfuerzo consiste en mantener la diversidad genética de plantas y animales, que es crucial para la agricultura y la producción de alimentos. En 2016, se conservaban 4,7 millones de muestras de semillas y otros materiales genéticos vegetales para la agricultura y la alimentación en 602 bancos de genes en 82 países y 14 centros regionales e internacionales, lo que supone un aumento del 2% desde 2014.
  • Se necesitan aumentar las inversiones para mejorar la capacidad de la productividad agrícola. Sin embargo, el índice de orientación agrícola, que se define como la proporción del gasto público destinada a la agricultura dividida por la proporción del sector en el producto interno bruto (PIB), disminuyó a nivel mundial de 0,38 en 2001, a 0,24 en 2013 y a 0,21 en 2015.
  • La proporción de la ayuda por sector, asignada a la agricultura por los países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), disminuyó desde casi el 20% a mediados de la década de 1980 hasta el 7% a finales de la década de 1990, porcentaje que se mantuvo hasta 2015. Esa reducción refleja un desplazamiento desde la ayuda para financiar la infraestructura y la producción hacia una mayor atención a los sectores sociales.
  • En 2016, 21 países experimentaron precios internos altos o moderadamente altos, en relación con los niveles históricos, para uno o varios cereales básicos. De esos países, 13 estaban en África Subsahariana. Las causas principales de los elevados precios fueron la disminución de la producción nacional, la depreciación de la moneda y la inseguridad. El aumento localizado de los precios del combustible también impulsó al alza el precio de los alimentos.
  • Se han logrado ciertos avances en la prevención de las distorsiones de los mercados agrícolas mundiales. Los subsidios a la exportación agrícola se redujeron a escala mundial en un 94% entre 2000 y 2014. En diciembre de 2015, los miembros de la Organización Mundial del Comercio aprobaron una decisión ministerial sobre la eliminación de los subsidios a la exportación de productos agrícolas y la restricción de las medidas de exportación que tenían un efecto similar.
  • Lamentablemente, el número total de personas que sufre hambre en América Latina y el Caribe ha aumentado, revirtiendo décadas de progresos.1

1: Fuente: Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y El Caribe de la Organización para la Alimentación y la Agriculura (FAO)

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/ 
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https://transicionebc.blogspot.com/2018/11/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.html

 

dimecres, 30 de gener del 2019

Objetivo ODS 9.Industria, Innovación e nIfraestructura ODS

Desde hace tiempo se reconoce que para conseguir una economía robusta se necesitan inversiones en infraestructura (transporte, regadío, energía, tecnología de la información y las comunicaciones). Estas son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, empoderar a las  sociedades de numerosos países, fomentar una mayor estabilidad social y conseguir ciudades más resistentes al cambio climático.
El sector manufacturero es un impulsor importante del desarrollo económico y del empleo. En la actualidad, sin embargo, el valor agregado de la industralización per cápita es solo de 100 dólares en los países menos desarrollados en comparación con más de 4500 dólares en Europa y América del Norte. Otro factor importante a considerar es la emisión de dióxido de carbono durante los procesos de fabricación. Las emisiones han disminuido en la última década en muchos países, pero esta disminución no ha sido uniforme en todo el mundo.
El progreso tecnológico debe estar en la base de los esfuerzos para alcanzar los objetivos medioambientales, como el aumento de los recursos y la eficiencia energética. Sin tecnología e innovación, la industrialización no ocurrirá, y sin industrialización, no habrá desarrollo. Es necesario invertir más en productos de alta tecnología que dominen las producciones manufactureras para aumentar la eficiencia y mejorar los servicios celulares móviles para que las personas puedan conectadas.
  • La infraestructura básica, como las carreteras, las tecnologías de la información y la comunicación, el saneamiento, la energía eléctrica y el agua, sigue siendo escasa en muchos países en desarrollo
  • El 16% de la población mundial no tiene acceso a redes de banda ancha móvil.
  • Para muchos países africanos, sobre todo en los países con menores ingresos, las limitaciones en materia de infraestructura afectan la productividad de las empresas en alrededor del 40%.
  • La proporción mundial del valor agregado manufacturero en el PIB aumentó del 15,2% en 2005 al 16,3% en 2017, impulsado por el rápido crecimiento de las industrialización en Asia.
  • El efecto de multiplicación del trabajo de la industrialización tiene un impacto positivo en la sociedad. Cada trabajo en la industriA crea 2,2 empleos en otros sectores.
  • Las pequeñas y medianas empresas que se dedican al procesamiento industrial y la producción manufactura son las más críticas en las primeras etapas de la industrialización y, por lo general, son los mayores creadores de empleos. Constituyen más del 90% de las empresas de todo el mundo y representan entre el 50 y el 60% del empleo.
  • Los países menos adelantados tienen un inmenso potencial de industrialización en alimentos y bebidas (agroindustria) y textiles y prendas de vestir, con buenas perspectivas de generación de empleo sostenido y mayor productividad.
  • Los países de ingresos medianos pueden beneficiarse al ingresar a las industrias de metales básicos y de fabricación, que ofrecen una gama de productos que enfrentan una demanda internacional en rápido crecimiento.
  • En los países en desarrollo, apenas el 30% de la producción agrícola se somete a procesos industriales. En los países de altos ingresos, el 98% se procesa. Esto sugiere que hay grandes oportunidades para los países en desarrollo en materia de agronegocios.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/